En la “Heroica”, como en Colombia, vigilar a los que visten toga y portan el martillo o realizan la investigación de la justicia se ha convertido en un oficio de alto riesgo. El caso del abogado y veedor Erick José Urueta Benavides es la prueba reina de cómo el aparato judicial, en lugar de investigar, parece ensañarse contra quienes le ponen la lupa.
Este lunes 27 de abril, a las 3:00 p. m., el fiscal 68 Local de Cartagena pretende dar un paso que para muchos es el “tiro de gracia” procesal: el traslado del escrito de acusación contra Urueta por presunta injuria y calumnia. El denunciante no es cualquier ciudadano; es el Mayor (r) de la Policía Gustavo Bueno Aguilar, cuyo nombre pasó por los titulares de prensa nacional y regional por episodios que dejan más dudas que certezas. Ejemplo, el caso del complot contra la expresidenta del concejo de Cartagena, Gloria Estrada.
¿Te interesa? ¿La fiscal infiel?
¿Imparcialidad o Capricho?
El meollo del asunto no es solo la denuncia, sino quién la tramita. Existe un concepto sagrado en la justicia llamado Imparcialidad Objetiva. En lenguaje coloquial: el fiscal debe ser como un árbitro que no odia a ninguno de los jugadores. Pero en este caso, el árbitro parece tener puesta la camiseta del equipo contrario.
Hay pruebas de sobra sobre la mala sangre entre el fiscal y el veedor. Existen videos de 2022 donde el fiscal intentó , al parecer, capturar a Urueta tras un fuerte altercado. También denuncias penales cruzadas entre ambos. La “perla” más reciente denunciada por el veedor: el pasado 27 de marzo, ante la Personería, el fiscal soltó una frase que lo dice todo: “Yo me creía jefe de él”.
¿Te interesa? La triste historia de Yamile que espera un Año Nuevo en libertad (I)
¿Desde cuándo un servidor público es “jefe” de un ciudadano que ejerce control social? Esa mentalidad de “capataz judicial” es la que tiene hoy a la Veeduría a la Rama Judicial (VEJUCA) en alerta máxima.
Las sombras del Mayor Bueno
Para que la ciudadanía entienda el peligro, hay que recordar quién es el Mayor Bueno Aguilar. Su sombra aparece en los expedientes del escandaloso montaje contra la exconcejala Gloria Estrada (quien resultó ser inocente) y en los conflictos de tierras en Playa Blanca, donde familias raizales denunciaron presuntos abusos de autoridad.
¿Es justo que un fiscal que admite no tener buena relación con el veedor sea quien valide una acusación impulsada por un oficial con estos antecedentes? La respuesta lógica es un NO rotundo.
El llamado a la Fiscal General
Si este lunes se permite el traslado de la acusación, el daño será irreversible. Se estaría ignorando la Sentencia T-305/2025, una orden de la Corte que exige garantías reforzadas para Urueta por ser un líder social y buscador de desaparecidos.
VEJUCA no está pidiendo que le perdonen nada a Urueta, está pidiendo “juego limpio”. Que sea un fiscal de Bogotá o de cualquier otra sección —uno que no se sienta “jefe” ni tenga rencores personales— quien decida si hay méritos o no para seguir este proceso.
Cartagena y los organismos internacionales tienen los ojos puestos en la Fiscal General, Luz Adriana Camargo. ¿Permitirá que la Fiscalía en Bolívar siga siendo utilizada como un garrote para silenciar a los veedores? ¿Es esto justicia o una simple vendetta de oficina?
La cita es el lunes. El futuro de la veeduría ciudadana en Cartagena pende de un hilo.
Difundir esta investigación
La independencia de VoxPopuli depende de que estos registros lleguen a la mayor cantidad de ciudadanos. Comparta este documento.
