Por estos días, Colombia no está discutiendo solo cifras: está librando una batalla silenciosa entre dos formas de entender la economía. Dos formas que, sin embargo, no hacen parte del debate electoral. De un lado, los tecnócratas del Banco de la República aumentan las tasas de interés (11,25%). Del otro, el discurso político del gobierno denuncia que ello asfixia a la economía popular. Pero le dio continuidad a esa política económica monetarista que privilegia las ganancias antes que el bienestar social. Es una economía que busca la maximización de la utilidad personal y solo el beneficio empresarial.
Su primer ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo, le dio continuidad a una dictadura monetaria que favorece la especulación y estrangula la economía real. Esto se mantuvo hasta cuando llegó la coyuntura electoral donde el discurso presidencial se hizo más explosivo contra los tecnócratas. Y hasta tomó medidas más osadas, como el aumento del salario mínimo del 23%, muy por encima de la inflación.
Economía para la vida
En nuestra fugaz participación en la consulta presidencial del Frente por la Vida propuse una economía para la vida. Era un gana-gana para empresarios, trabajadores y consumidores. Pero no alcanzamos a difundirla durante las tres semanas de campaña.
Con la propuesta política, también presentamos los lineamientos de un Plan de Alimentación Universal que busca garantizar la seguridad alimentaria de todos, en especial, del 40% de la población afectada por el hambre. Un plan que se concreta del campo a la ciudad materializando una reforma agraria integral.
Hoy, ya no solo se puede vivir de la tierra. No basta cultivar, se necesita procesar y crear valor agregado. La agricultura no puede afectar las reservas forestales y ambientales, porque tiene que ser sostenible y centrada en el agua. En el discurso oficial potencia mundial para la vida fue un bonito eslogan de un plan de desarrollo, cuya concreción fue deficitaria.
La palabra del presidente Petro no concordaba con las ejecutorias y los logros de su gobierno. Sus ministros hacían otra cosa. En el caso particular del manejo de las finanzas oficiales, siguieron las políticas monetaristas y las directrices de la banca multilateral si cuestionamiento, por lo menos en los tres primeros años de su administración.
La pipa de la paz
En la última junta directiva del Emisor del 30 de abril parece que firmaron la pipa de la paz. El discurso del ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, giró en el concepto de que las altas tasas afectan el crecimiento económico y que la política monetaria debe considerar la realidad productiva del país. Con su presencia y postura en la reunión, el gobierno logró frenar la racha alcista de las tasas de interés. Esto se hizo por consenso.
Sin embargo, esa es una discusión del bogocentrismo, aislada del sentir de la periferia. Un debate entre tecnócratas que ajustan las tuercas del sistema monetario y políticos en trance electoral que sobredimensionan los logros alcanzados.
Mientras en las calles de Bogotá, Medellín, Cali o el Caribe colombiano, la discusión no es sobre inflación futura, sino sobre si alcanza para pagar el arriendo, los servicios públicos o sostener el negocio un mes más. La pregunta ya no es quién tiene la razón. La pregunta es quién está pagando el costo de este choque en el país real que se rompe el cuero para labrar su jornada diaria.
Los ortodoxos del Banco de la República
La postura del Banco de la República es clara: la inflación sigue siendo una amenaza. Los servicios crecen al 6,5%, los alimentos básicos rondan el 9% y el fantasma de una inflación desbordada en 2026-2027 sigue sobre la mesa. A eso se suma la incertidumbre internacional: conflictos en Oriente Medio que presionan el precio del petróleo y encarecen insumos clave como los fertilizantes.
Desde esa lógica, subir las tasas es una medicina amarga, pero necesaria. El problema es que esa medicina parece estar atacando síntomas equivocados que afectan a la economía real.
Porque la inflación que hoy golpea a Colombia no nace del exceso de consumo, sino de la escasez global y de dinámicas especulativas. Es una inflación importada, amplificada por mercados financieros que indexan precios hacia arriba, incluso cuando la demanda interna se enfría.
En ese contexto, subir tasas es como usar un martillo para ajustar un reloj: puede detener el problema, pero también puede destruir el mecanismo.
Las cifras son contundentes. Las tasas reales ya están en niveles cercanos al 7,5%, de las más altas de América Latina. El crédito para pequeñas y medianas empresas supera el 25% anual. En la práctica, financiarse formalmente se ha vuelto un lujo.
Razón política, vacío técnico
El gobierno Petro insiste en su crítica: las altas tasas del Banco de la República están beneficiando al sistema financiero. Las utilidades del sector crecieron de forma notable en el último año, mientras la economía productiva se ahoga.
En eso tiene razón. Es cierto que buena parte de la inflación responde a factores externos —guerra, petróleo, fertilizantes— que la política monetaria no puede controlar.
Pero la crítica, sin realizaciones, se queda a mitad de camino. El Gobierno no ha desmontado el sistema de indexación que perpetúa aumentos automáticos de precios con base en el salario mínimo . Tampoco ha presentado una estrategia sólida para abaratar el crédito o fortalecer una banca pública que compita en condiciones reales. Y su política de gasto expansivo, en medio de este contexto, termina alimentando el argumento del Banco para mantener el apretón.
Es un pulso donde ambos lados tienen algo de razón… y una preocupante falta de soluciones completas.
Los que pierden siempre
Mientras arriba se discuten teorías, abajo se acumulan las pérdidas. El comercio menor vive en incertidumbre agravada por las extorsiones.
Las pymes —ese tejido invisible que sostiene el empleo— están al borde del colapso. Se estima que el 65% de los pequeños empresarios tiene dificultades para pagar sus deudas. Muchos han cruzado la línea roja hacia el “pagadiario” o “gota a gota”, donde los intereses no se miden en porcentajes anuales, sino en angustia diaria.
En el campo, la historia no es distinta. El encarecimiento de los fertilizantes, impulsado por tensiones geopolíticas, ha elevado los costos de producción. El dólar alto hace el resto. Producir comida en Colombia se ha vuelto cada vez más caro, justo cuando más se necesita.
Y en los hogares, la ecuación es brutal: un salario mínimo que ronda los 1,7 millones frente a una canasta familiar que supera los 4 millones. La brecha no solo es económica; es moral. Es la distancia entre sobrevivir y vivir.
La informalidad, que ya alcanza el 58%, no es una estadística: es una señal de que el sistema dejó de incluir a la mayoría.
Un país atrapado en fuerzas globales
Ni el Banco ni el Gobierno operan en el vacío. La política monetaria de la «Reserva Federal de Estados Unidos» mantiene las tasas altas, obligando a economías emergentes como la colombiana a seguir el mismo camino para evitar la fuga de capitales.
Al mismo tiempo, los conflictos en Oriente Medio mantienen el petróleo en niveles elevados, presionando toda la cadena productiva.
Colombia no decide completamente su destino económico. Juega en un tablero donde las reglas vienen de afuera.
El país real
En Bogotá se habla de puntos básicos y expectativas inflacionarias. Pero en barrios como La Perseverancia, Siloé, El Pozón o Rebolo, la economía tiene otro lenguaje: el del rebusque, el de vender el almuerzo para pagar el arriendo, el de endeudarse para no cerrar.
Ahí, la inflación no es una curva: es una olla vacía.
El modelo actual está mostrando sus grietas. Se necesitan reformas profundas: revisar el sistema de indexación, democratizar el crédito, apostar por la producción nacional. Pero esas decisiones implican tocar intereses reales, no discursos. ¿Este no era el gobierno del Cambio?
En este punto, es cuando la puerca tuerce el rabo, como dicen ciertos sectores populares de la Costa Caribe cuando la economía se pone más difícil para los de abajo.
Porque en Colombia, la política monetaria parece haberse convertido en una religión técnica, y la política económica en una batalla de narrativas.
La pregunta sigue en el aire, incómoda, urgente:
¿Vamos a seguir permitiendo que las decisiones que definen la vida de millones se tomen sin un debate real, mientras el país de abajo paga la factura? Necesitamos transformar el modelo para crear una economía al servicio de la vida y no lo contrario.
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